Patronales de dependencia alertan sobre las nuevas exigencias en ayuda a domicilio: Imposibles de cumplir.

Las patronales del sector de la dependencia han mostrado una "profunda preocupación" ante la aprobación del Real Decreto que regula la protección de la seguridad y salud en el ámbito del hogar familiar, pues incluye disposiciones sobre los Servicios de Ayuda a Domicilio que consideran "imposibles de cumplir". Alegan que, con una redacción ambigua, el Gobierno traslada la obligación a las empresas de adoptar "cuantas medidas sean necesarias" para garantizar la protección en los domicilios, lo cual es inviable desde el punto de vista técnico, económico y operativo.

En un comunicado conjunto, asociaciones como Aeste, Asade, CEAPs, FED y Lares advierten que este decreto "no soluciona problemas, sino que los genera", creando inseguridad jurídica para entidades, profesionales, familias y usuarios, y poniendo en riesgo la sostenibilidad del servicio. Además, critican que el texto confunde las actividades del servicio de ayuda a domicilio, que es profesional y de titularidad pública, con las de personas empleadas del hogar.

Las patronales consideran que el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha aprovechado la redacción del decreto para introducir un cambio profundo en el sector de los cuidados a las personas más vulnerables, quienes dependen de la atención de profesionales para realizar tareas básicas como aseo, vestido y alimentación.

Ante esta situación, piden una "ponderación adecuada" de los derechos laborales, sociales y de la propiedad, y exigen "con rotundidad" que el Gobierno escuche sus voces antes de legislar sobre la prestación de cuidados. Asimismo, instan al Ejecutivo a evitar "el intervencionismo reiterado" y la invasión de la negociación colectiva.

Finalmente, las asociaciones reiteran su "compromiso absoluto" con la protección de los derechos de los trabajadores del sector, especialmente en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo, y solicitan que cualquier medida que afecte al sector esté respaldada por un "análisis de viabilidad" y una "adecuada dotación presupuestaria". También piden la modificación de los contratos que rigen la prestación de cuidados, con una actualización justa de los precios, y la derogación inmediata de la Ley de Desindexación de Precios en los contratos del sector público.