El riesgo de legislar por impulso en el sector de la dependencia
Cuando el Congreso rechazó la propuesta de reducción de jornada en el sector de la dependencia, para la FED y su presidente Ignacio Fernández-Cid, fue un alivio más que una victoria: “Insistir en una medida así, en un sector ya afectado por la angustiosa falta de profesionales, sería una temeridad que pondría en riesgo a las personas dependientes y a los profesionales que las cuidan”. Lo que en apariencia parece una concesión laboral, en el contexto actual podría devenir en una bomba administrativa, sanitaria y social.
Escasez estructural vs. iniciativas improvisadas
El sector de atención a la dependencia ya arrastra una crisis de personal severa: dificultades crecientes para contratar y retener talento. Fernández-Cid lo resume con crudeza: imponer una reducción de jornadas sin recursos adicionales demandaría un aumento de plantilla inmediato, algo que hoy es prácticamente inviable. Esa combinación de escasez y exigencia haría estallar los costos operativos, poner en jaque la continuidad de los servicios y erosionar la confianza tanto de usuarios como de cuidadores.
¿Fragmentación de servicios o pérdida de coherencia?
Una atención intensiva exige continuidad, especialización y presencia. Reducir horas sin medidas compensatorias abriría la puerta a un escenario fragmentado, con huecos en turnos fundamentales y debilitamiento institucional. En palabras del líder de la FED: “cualquier disminución de horas disponibles sin medidas compensatorias habría generado un escenario insostenible, con riesgos claros de fragmentación del servicio y de pérdida de confianza entre cuidadores y usuarios”.
La promesa ilusoria de la mejora laboral
Una de las argumentaciones a favor de la reducción de jornada es que puede beneficiar a los trabajadores al mejorar su conciliación, calidad de vida o tiempo libre. Sin embargo, Fernández-Cid advierte que, sin una redistribución clara de recursos y planificación, esto podría derivar en contratos parciales, precariedad o una gestión aún más compleja en un sector ya especializado y exigente. No bastan los titulares esperanzadores, pues la realidad es que los profesionales del cuidado no pueden ser beneficiados mediante recortes que deterioren el servicio.
Legislar sin consenso: un riesgo para todo el sistema
Cuando una medida tan sensible se impone desde la ley sin negociación colectiva ni consenso social, se encendieron luces de alarma en la patronal. La FED advierte que esa vía genera tensiones y amenaza la estabilidad del sistema de cuidados, que requiere coordinación, planificación y flexibilidad. En su llamado a los responsables políticos dice algo esencial: “Cualquier iniciativa que afecte a la jornada laboral debe abordarse con planificación, consenso y medidas compensatorias claras. Repetir la propuesta sin resolver las carencias estructurales del sector sería una acción irresponsable y peligrosa para millones de personas dependientes y para las entidades que les prestan servicio.”
Hacia una agenda de reforma mientras resguardamos el presente
Este episodio no puede entenderse solo como un pulso político, sino como un síntoma de un sector al límite. Las soluciones que necesita la dependencia no son parches rápidos sino reformas profundas: inversión sostenida, reconocimiento profesional, incentivos reales, organización inteligente y diálogo permanente entre todos los actores. Cuidar no puede depender de decisiones apresuradas. Porque detrás de cada jornada, cada turno y cada servicio hay vidas. Si el cuidado falla, nos fallamos todos.
