El anteproyecto de ley de servicios sociales en Madrid genera debate sobre la colaboración público-privada
Una propuesta en desarrollo que busca cambiar el modelo de servicios sociales
El Gobierno de la Comunidad de Madrid, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, ha presentado un anteproyecto de ley que busca reforzar la colaboración público-privada en la gestión de los servicios sociales. Esta propuesta, actualmente en fase de consulta pública, pretende incorporar fórmulas innovadoras de financiación como la inversión por impacto, el pago por resultados y los avales públicos, con el objetivo de superar las limitaciones del sistema de financiación tradicional.
Según el Ejecutivo regional, la iniciativa se dirige a mejorar la atención a colectivos vulnerables —como personas mayores, menores, víctimas de violencia de género y personas sin hogar— mediante mecanismos que impulsen la eficiencia y la calidad del servicio. Sin embargo, la propuesta ha generado división de opiniones tanto en el ámbito político como entre las entidades del tercer sector y las patronales privadas.
El corazón del debate: la “colaboración público-privada”
El texto del anteproyecto plantea un modelo en el que el sector privado desempeñaría un papel más activo en la gestión de los servicios sociales. Esta fórmula, defendida por el Gobierno madrileño, busca atraer inversión y promover la innovación social, siguiendo la línea de políticas aplicadas en sanidad y educación bajo el principio de “libertad de elección”.
No obstante, la oposición política y varias organizaciones sociales consideran que el proyecto podría abrir la puerta a una privatización progresiva de un servicio esencial. Argumentan que vincular la financiación a los resultados —por ejemplo, pagar solo si una persona beneficiaria logra un empleo— puede derivar en exclusión de los colectivos más vulnerables.
El “concierto social”, pieza clave de la reforma
Entre los conceptos más destacados del anteproyecto figura el llamado “concierto social”, descrito como la base de un “nuevo paradigma” en la gestión de los servicios sociales. Este mecanismo, ya introducido en la ley madrileña de 2022, permite que las entidades privadas ofrezcan servicios públicos sin necesidad de licitaciones tradicionales, lo que, según el Gobierno, otorga mayor flexibilidad y capacidad de elección a los ciudadanos.
Sin embargo, asociaciones como la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de Madrid advierten de que el concierto social puede reducir la supervisión pública y afectar la calidad de la atención. Para mitigar estos riesgos, el Ejecutivo ha anunciado la creación de una Agencia Madrileña de Calidad de los Servicios Sociales, que se encargaría de la evaluación y control del sistema.
Patronales satisfechas con la iniciativa
Las principales patronales del sector, como la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) y la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste), han manifestado su apoyo al anteproyecto. Desde la FED destacan que el concierto social ofrece estabilidad a largo plazo a las entidades, fomentando la inversión y la mejora del empleo en el sector.
Asimismo, las patronales valoran positivamente la introducción del pago por resultados, considerándolo un complemento que incentiva la eficiencia y la calidad en la gestión de los recursos públicos. Para Aeste, la propuesta representa una oportunidad para avanzar hacia un sistema más flexible y centrado en la persona usuaria.
Críticas desde la oposición y las asociaciones sociales
Por el contrario, desde la oposición parlamentaria —en especial, Más Madrid y el PSOE— se denuncia que el anteproyecto supone una privatización encubierta de los servicios sociales. Diana Paredes, diputada de Más Madrid, sostiene que la Comunidad “pretende desentenderse de su responsabilidad pública” y advierte que condicionar la financiación a resultados ignora la complejidad de los procesos de acompañamiento social.
En la misma línea, Pilar Sánchez Acera, secretaria de Organización del PSOE madrileño, señala que “la derecha confunde la libertad de elección con la privatización de los servicios públicos”. Para ambos partidos, la reforma amenaza con convertir la atención social en un negocio, poniendo en riesgo la igualdad de acceso.
Por su parte, colectivos de familiares de personas mayores en residencias —como Pladigmare— comparten estas preocupaciones. Denuncian que el nuevo modelo introduce “una lógica competitiva” en un ámbito que debería priorizar el bienestar y la atención humana por encima del beneficio económico.
La libertad de elección como bandera política
El concepto de libertad de elección ha sido una constante en las políticas de Isabel Díaz Ayuso, que ya en 2023 anunció la creación de un “cheque residencia” para que las personas mayores pudieran contratar atención domiciliaria si preferían permanecer en su hogar. Este instrumento fue el precedente directo del actual anteproyecto, que busca extender la misma filosofía al conjunto de los servicios sociales.
El Gobierno regional defiende que esta libertad permitirá a los madrileños elegir el centro o servicio que mejor se adapte a sus necesidades, impulsando la calidad a través de la competencia. Sin embargo, los críticos advierten que, sin estándares públicos claros ni una financiación suficiente, la medida puede derivar en una segregación por nivel socioeconómico.
Una ley aún en discusión
Por ahora, el anteproyecto se encuentra en fase de consulta pública, abierta a aportaciones de ciudadanos, entidades y expertos. El texto definitivo deberá pasar posteriormente por la Asamblea de Madrid, donde podría sufrir modificaciones o enfrentarse a un intenso debate político antes de su aprobación.
Aunque el Ejecutivo regional presenta la reforma como un paso hacia la modernización y eficiencia del sistema, sus detractores alertan de que el modelo puede debilitar la garantía pública de los derechos sociales. El resultado final dependerá de cómo se equilibren la colaboración privada y la responsabilidad pública en la futura ley.
Puntos clave para entender el anteproyecto
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Estado actual | Anteproyecto en consulta pública |
| Objetivo principal | Reforzar la colaboración público-privada |
| Instrumentos propuestos | Inversión por impacto, pago por resultados, avales públicos |
| Apoyos | Patronales del sector (FED, Aeste) |
| Críticas | Oposición política y asociaciones sociales |
| Riesgos señalados | Privatización y menor supervisión pública |
La propuesta del Gobierno madrileño marca un punto de inflexión en el modelo de servicios sociales de la región. Su apuesta por la colaboración público-privada abre la puerta a nuevas fórmulas de gestión e inversión, pero también plantea interrogantes sobre la equidad, la supervisión y la sostenibilidad del sistema.
En las próximas semanas, el proceso de consulta pública y el debate parlamentario definirán si este anteproyecto se convierte en una reforma estructural o en un nuevo foco de controversia política en la Comunidad de Madrid.
