¿Convenio estatal o autonómico? El debate que divide al sector de la dependencia.
La elección entre un convenio colectivo estatal o autonómico en el sector de la dependencia vuelve a generar polémica. El debate, cada vez más presente, contrapone la necesidad de adaptar las condiciones laborales a las realidades territoriales frente al riesgo de fragmentar el mercado laboral y generar desigualdades entre comunidades autónomas. En un momento en el que se acaba de aprobar un convenio autonómico en la Comunidad de Madrid, el giro hacia lo regional reabre viejas tensiones sobre financiación, movilidad laboral y seguridad jurídica.
Un giro hacia lo territorial con razones distintas
Ajuste a la diversidad regional y financiación pública
Según la patronal AESTE, el creciente número de convenios autonómicos responde a cambios normativos y a la necesidad de adaptar las condiciones de empleo a las realidades sociales, económicas y de coste de vida de cada región.
Para Lares, este paso tiene sentido sobre todo en servicios dependientes de plazas públicas —como la ayuda a domicilio—, pues permite sincronizar el convenio con la financiación pública.
Estrategia sindical y aprovechar negociaciones locales
Desde otro ángulo, para la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) este cambio obedece a una estrategia sindical: al fragmentarse los convenios, los sindicatos pueden intervenir directamente en cada territorio, lo que puede incrementar su capacidad de negociación.
Ese escenario puede fomentar una escalada salarial vinculada al coste del servicio público en cada autonomía, algo que en residencias privadas plantea dudas sobre su sostenibilidad.
Riesgos e inconvenientes del modelo autonómico
Complejidad administrativa y pérdida de uniformidad
Para empresas con implantación en varias comunidades, la multiplicación de convenios implica un aumento de la carga administrativa, diversas normativas laborales por territorio y una gestión mucho más compleja.
Para FED, un modelo razonable sería un convenio marco estatal con posibilidad de adaptar únicamente las tablas salariales según el coste de vida regional.
Desigualdad territorial y restricciones a la movilidad laboral
El cambio puede provocar diferencias significativas en condiciones laborales entre unas comunidades y otras, lo que limita la movilidad de los trabajadores. En algunos casos, los profesionales podrían verse "atrapados" en su región de origen por miedo a perder derechos.
Para Lares, las comunidades con mejores condiciones salariales atraerán más personal, lo que podría concentrar trabajadores en determinados territorios y agravar las desigualdades.
Incertidumbre para plazas privadas
Mientras que en plazas públicas los aumentos salariales pueden respaldarse con financiación estatal o autonómica, en el ámbito privado surge el dilema de quién asume el coste. Sin una mayor financiación de las administraciones, los incrementos podrían trasladarse a familias con menor capacidad económica.
¿Qué papel debe mantener el ámbito estatal?
Aunque crece el número de convenios autonómicos, muchos actores coinciden en que ciertas materias deben seguir reguladas a nivel nacional. Según la FED, un marco estatal sigue siendo esencial para garantizar un mínimo común de derechos en todo el territorio, evitar contradicciones normativas y proteger la unidad de mercado.
Para Lares, la convivencia entre organismos nacionales y autonómicos ya existe, especialmente en servicios con fuerte componente público —como la ayuda a domicilio— lo que permite mantener cierto equilibrio.
Lo que se juega: calidad del servicio, estabilidad laboral y cohesión social
El resultado de este debate trasciende lo laboral: puede afectar a la calidad del servicio, a la equidad territorial y a la sostenibilidad del sistema de dependencia. Si bien el modelo autonómico puede mejorar salarios y adaptar las condiciones a realidades regionales, sin una financiación pública adecuada y una coordinación estatal mínima, existe el riesgo de convertir la atención a la dependencia en un mosaico dispar donde primen las diferencias territoriales sobre la igualdad.
Quienes defienden un convenio estatal fuerte alertan de que lo que ahora se plantea como un avance puede convertirse en un freno para la cohesión del sistema, la movilidad de profesionales y la equidad. Por su parte, quienes apoyan el giro autonómico insisten en la necesidad de que la financiación acompañe los aumentos salariales, sobre todo en el ámbito privado.
La cuestión queda abierta, y parece que la respuesta dependerá en buena medida de decisiones políticas, de recursos y de la voluntad de mantener un equilibrio entre adaptación territorial y unidad nacional en la atención a la dependencia.
