La subida del SMI y su impacto en el sector sociosanitario
La reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España ha reactivado un debate intenso en el sector sociosanitario. Más allá de los titulares sobre cifras y porcentajes, lo que está en juego es la sostenibilidad de un modelo de atención que depende en gran medida de personas que cuidan a otras personas. Aunque mejorar los salarios de los trabajadores es un objetivo social claro y necesario, muchos empleadores y entidades del sector están advirtiendo de efectos no deseados si no se acompaña de medidas de ajuste en la financiación de los servicios.
El sector sociosanitario —especialmente en ámbitos como la ayuda a domicilio, las residencias de mayores o los servicios para personas con dependencia— se caracteriza por tener un coste salarial muy elevado en la estructura global de gastos. Esto quiere decir que cada incremento en los sueldos se traslada casi directamente a los presupuestos de las organizaciones. Cuando ese incremento viene impulsado por una decisión gubernamental, como ocurre con la subida del SMI, debería ser algo a celebrar. No obstante, en un sector donde gran parte de los ingresos provienen de contratos con la administración pública o de precios concertados que no se actualizan automáticamente, este aumento plantea tensiones económicas significativas.
El problema no es únicamente el alza del salario en sí, sino que muchos de los contratos públicos que financian servicios de dependencia están “desindexados” de los principales indicadores económicos. En términos sencillos, la cantidad que la administración paga por hora de atención o por servicio no se adapta automáticamente a variables como la inflación o el aumento del salario mínimo. Esto coloca a las entidades en una posición difícil: ven incrementados sus costes de personal pero no reciben un ajuste equivalente en la financiación que perciben para prestar dichos servicios.
Las patronales del sector han puesto sobre la mesa la necesidad de revisar estas cláusulas de desindexación para que los precios de los contratos públicos se ajusten de forma periódica a la realidad económica. Según estas organizaciones, sin una actualización contractual que refleje subidas de costes laborales, muchas entidades podrían verse obligadas a hacer recortes en otras áreas, a reducir plantilla o incluso a plantear la inviabilidad de determinados servicios. Esto no solo afectaría a las empresas, sino directamente a las personas dependientes que requieren cuidados continuos y de calidad.
Desde el punto de vista laboral, no hay dudas de que la subida del SMI favorece a los trabajadores que, en muchos casos, realizan tareas exigentes y con gran carga emocional. Mejores salarios pueden traducirse en mayor estabilidad, menor rotación y mayor atracción de profesionales al sector, algo que en los últimos años ha sido un desafío constante. Sin embargo, las organizaciones argumentan que para que este beneficio se materialice es imprescindible que los ingresos con los que cuentan para operar sean realistas y sostenibles.
La solicitud de revisar los mecanismos de desindexación ha generado un llamado al diálogo entre administraciones públicas, empresas y sindicatos. Todas las partes coinciden en que es necesario dignificar las condiciones laborales, pero también reconocen la necesidad de ajustar los marcos de contratación pública para garantizar que los servicios esenciales no se vean comprometidos. El desafío es encontrar un equilibrio que no penalice ni a los trabajadores ni a los prestadores del servicio.
En última instancia, la discusión va más allá de números en una nómina o cláusulas contractuales: se trata de asegurar un sistema de atención a la dependencia que sea robusto, adaptativo y justo tanto para quienes trabajan en él como para quienes dependen de sus cuidados. La subida del SMI ha puesto de manifiesto una tensión latente en el sector, una tensión que invita a repensar cómo se estructura y financia un ámbito tan esencial para el bienestar social. La forma en que se resuelva esta cuestión será determinante para la salud del sistema sociosanitario en los próximos años.
