El sector de la dependencia pide un IVA del 4% y medidas para crear 75.000 plazas residenciales
La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) ha trasladado una serie de propuestas para mejorar la atención a las personas mayores y dependientes en España. Entre sus principales peticiones destacan la aplicación de un IVA reducido del 4% a todos los servicios de dependencia, una mayor inversión pública y la disponibilidad de suelo para construir nuevas residencias.
La organización empresarial, presidida por Ignacio Fernández-Cid, ha elaborado un documento con diez medidas que considera prioritarias para el próximo Gobierno que resulte de las elecciones del 29 de noviembre.
Según la federación, el sistema de atención a la dependencia necesita afrontar problemas relacionados con la financiación, la escasez de profesionales, las diferencias entre comunidades autónomas y la insuficiencia de plazas residenciales.
La patronal también considera necesario reducir los obstáculos administrativos que dificultan la apertura de nuevos centros y revisar determinadas exigencias normativas que afectan al funcionamiento de las residencias.
La dependencia necesita una mayor financiación pública
Una de las principales propuestas de la FED consiste en aumentar los recursos públicos destinados a la atención de las personas dependientes hasta alcanzar el 1,8% del producto interior bruto (PIB).
La federación considera que disponer de una financiación suficiente es fundamental para mejorar los servicios y afrontar las listas de espera existentes.
Entre los problemas señalados se encuentran los retrasos que experimentan algunas personas para obtener el reconocimiento de su grado de dependencia y acceder a las prestaciones correspondientes.
La organización también plantea una revisión de la Ley de Dependencia para establecer criterios comunes en todo el territorio nacional.
Con esta modificación pretende que la valoración de los grados de dependencia, las prestaciones y los servicios mínimos respondan a unas condiciones homogéneas, independientemente de la comunidad autónoma en la que viva cada persona.
Un IVA del 4% para todos los servicios de dependencia
La fiscalidad es otro de los asuntos destacados en las propuestas de la patronal.
Actualmente, según explica la FED, existen diferencias en el IVA aplicado a las plazas residenciales dependiendo de su modalidad de financiación.
Las plazas concertadas y aquellas vinculadas a determinadas prestaciones económicas tributan al tipo superreducido del 4%, mientras que las plazas privadas están sujetas al 10%.
La federación solicita establecer un IVA del 4% para todas las plazas y servicios de atención a la dependencia, eliminando así esta diferencia fiscal.
Desde la organización consideran que el tratamiento actual afecta especialmente a las familias que asumen directamente el coste de una residencia privada para sus mayores.
Su propuesta busca que todos los servicios de dependencia tengan el mismo tratamiento tributario, con independencia de cómo se financien.
La patronal reclama actualizar los precios de las plazas concertadas
La FED también ha puesto el foco en las condiciones económicas de los servicios residenciales financiados mediante conciertos con las administraciones públicas.
La organización sostiene que los precios establecidos para estas plazas deben reflejar los costes reales de su prestación.
En este sentido, solicita la derogación de la Ley 2/2015, de desindexación de la economía española, al considerar que dificulta la actualización de las tarifas conforme evolucionan los gastos del sector.
Entre los costes que afectan a las residencias se encuentran los salarios de los trabajadores, el consumo energético y los suministros necesarios para mantener la actividad.
Según la patronal, cuando las tarifas públicas no se adaptan a estos incrementos, determinadas plazas concertadas pueden dejar de ser económicamente sostenibles.
Revisión de las condiciones de acreditación de las residencias
Otra de las peticiones se refiere al Acuerdo de Acreditación aprobado en 2022 por el Consejo Territorial de Servicios Sociales, durante la etapa de Ione Belarra al frente del Ministerio de Derechos Sociales.
La federación solicita que este acuerdo sea modificado o derogado.
Su principal objeción está relacionada con las exigencias establecidas sobre la dotación de personal y la organización de los centros residenciales.
La FED considera que estas obligaciones deben ir acompañadas de recursos económicos suficientes para que las empresas puedan cumplirlas.
España necesita 75.000 nuevas plazas residenciales, según la FED
La falta de capacidad residencial constituye otra de las grandes preocupaciones trasladadas por la Federación Empresarial de la Dependencia.
Según sus estimaciones, España presenta un déficit de 75.000 plazas residenciales.
Para responder a esta necesidad, la organización propone facilitar la disponibilidad de suelo dotacional destinado a la construcción de nuevas residencias de mayores.
También plantea utilizar concesiones administrativas en aquellos territorios donde la iniciativa privada no consiga cubrir las necesidades existentes.
Estas medidas forman parte de su propuesta para incrementar la oferta de centros y afrontar la creciente demanda de cuidados asociada al envejecimiento de la población.
Menos obstáculos administrativos para construir residencias
Además de disponer de terrenos, la federación considera necesario simplificar los procedimientos que deben superar los proyectos residenciales antes de iniciar su actividad.
Por ello, solicita acelerar la tramitación de las licencias de obra y actividad.
También propone incorporar el silencio administrativo positivo para evitar que la ausencia de respuesta de las administraciones mantenga paralizadas nuevas inversiones durante largos periodos.
El objetivo de estas peticiones es facilitar el desarrollo de nuevos centros y reducir las demoras administrativas que dificultan la ampliación de plazas.
La falta de profesionales preocupa al sector residencial
La escasez de trabajadores especializados es otro de los problemas que la FED incluye entre sus prioridades.
Para abordar esta situación, la patronal plantea distintas actuaciones dirigidas a favorecer la incorporación de profesionales a los servicios de atención a la dependencia.
Una de ellas consiste en desarrollar una campaña institucional que contribuya a mejorar el reconocimiento social de los cuidadores profesionales.
La organización también propone facilitar la llegada de trabajadores extranjeros que hayan recibido formación en sus países de origen.
A estas medidas añade la necesidad de agilizar los procedimientos de homologación de titulaciones universitarias obtenidas fuera de la Unión Europea.
En concreto, solicita que estos trámites puedan completarse en un plazo máximo de tres meses.
La federación considera que estas actuaciones ayudarían a responder a las dificultades que experimenta el sector para disponer del personal necesario.
Un conjunto de reformas para el futuro de la atención a mayores
Las propuestas de la Federación Empresarial de la Dependencia abarcan diferentes aspectos del funcionamiento del sistema: financiación pública, fiscalidad, regulación, disponibilidad de profesionales, construcción de residencias y procedimientos administrativos.
La organización pretende que los partidos políticos incorporen estas reivindicaciones a sus programas electorales y que el próximo Ejecutivo las tenga en cuenta entre sus prioridades.
El envejecimiento de la población española constituye el contexto en el que la patronal sitúa estas demandas.
Para la FED, mejorar la financiación, facilitar la creación de plazas residenciales y revisar las condiciones que afectan a los operadores del sector son cuestiones que deben abordarse para responder a las necesidades de atención de las personas mayores y dependientes.
La petición de un IVA único del 4% y la creación de 75.000 plazas residenciales resume dos de sus principales reivindicaciones, aunque el documento también insiste en la necesidad de cambios normativos y laborales que permitan afrontar los retos actuales de la dependencia en España.
