El secretario general de FED alerta sobre el impacto de la reducción de la jornada laboral en el sector de la dependencia
“Esta medida supone un ataque más a la supervivencia de este sector”
La reducción de la jornada laboral vendría a sumarse a otras dificultades coyunturales y estructurales, que podrían desembocar en una situación crítica en nuestro sector.
A problemas organizativos y estructurales que dimanan de las propias obligaciones contractuales de los contratos en vigor, que exigen una dedicación de las personas trabajadoras superior a la jornada que quiere imponerse. Adicionalmente, sería necesario una búsqueda de nuevas personas trabajadoras para dar cumplimiento a las obligaciones asumidas, acción tremendamente complicada en nuestro sector dada la escasez de personal.
Por otra parte, el efecto económico supondría un incremento de costes en torno al 5,25%, cantidad que resulta inasumible en nuestro sector intensivo en personas trabajadoras que prestan servicios indirectos a las Administraciones Públicas.
Si finalmente se aprueba la reducción de la jornada laboral, hay que reclamar al Gobierno un ejercicio de corresponsabilidad, en el que renuncie a implantar unilateralmente dicha medida y en el que, en la hipótesis de llevar a cabo la misma, permita expresamente una revisión de los precios de los contratos en vigor ante esta circunstancia que en ningún caso podría haber sido prevista. Adicionalmente, dicha medida atentaría directamente contra la negociación colectiva que se lleva a cabo con los sindicatos, pues supone alterar de facto los términos de los convenios colectivos en vigor firmados en un ejercicio de responsabilidad por todos los agentes sociales.
Los servicios de atención a la dependencia representan más de 16.000 millones de euros de facturación y a más de 250.000 trabajadores y trabajadoras que desempeñan una labor fundamental para el correcto funcionamiento de nuestra sociedad.
Se trata de un sector verdaderamente estratégico para nuestro país, tanto por su importancia en términos económicos, como por su papel de motor social y de desarrollo, pues tiene un marcado carácter vertebrador y cohesionador del territorio.
Esta medida supondría un ataque más a su supervivencia, que se une a las ya existentes de imposibilidad de revisión de precios y la obligatoriedad de asumir prórrogas contractuales.