Avalancha de solicitudes para la jubilación anticipada: los sectores más duros exigen justicia laboral

La Seguridad Social se encuentra en el epicentro de una creciente presión por parte de numerosos sectores que reclaman su derecho a una jubilación anticipada. La promesa de un nuevo reglamento de coeficientes reductores —una herramienta que permite adelantar la edad de retiro en ocupaciones especialmente penosas— ha despertado grandes expectativas entre sindicatos y patronales. Sin embargo, su puesta en marcha aún no se ha concretado, a pesar de haber sido anunciada para febrero de este año.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, liderado por Elma Saiz, ya completó la fase de audiencia pública del nuevo reglamento, en la que recibió una gran cantidad de aportaciones. Aunque se esperaba que el proceso comenzara en febrero, aún está pendiente del dictamen del Consejo de Estado, lo que retrasa su aplicación definitiva.

Mientras tanto, una “avalancha” de solicitudes por parte de los sectores más exigentes física y psicológicamente se prepara para ser presentada. Según Cristina Estévez, de UGT, el sistema actual basado en criterios subjetivos será reemplazado por un mecanismo más transparente y cuantificable, sustentado en indicadores como la siniestralidad laboral, el número de bajas médicas o la duración de estas.

¿Qué son los coeficientes reductores?

Los coeficientes reductores permiten que ciertos trabajadores adelanten su jubilación. Esto ya ocurre con profesiones como mineros o marineros, donde cada año trabajado cuenta más a efectos de cotización. El nuevo reglamento pretende extender este beneficio a más ocupaciones, pero de forma muy selectiva, siempre y cuando no sea posible adaptar el puesto de trabajo para reducir su penosidad.

El objetivo del Gobierno es aplicar estos coeficientes con cautela, dado el delicado equilibrio del sistema de pensiones, presionado por la jubilación masiva del baby boom y el aumento del coste medio de las prestaciones.

Sectores que alzan la voz

Diversos sectores han manifestado públicamente su intención de solicitar estos coeficientes, argumentando las condiciones extremas de sus entornos laborales:

• Transporte de mercancías y pasajeros: La patronal CTM y Confebus apoyan la medida pese al sobrecoste que supondrá, señalando la necesidad de evitar que conductores de avanzada edad sigan al volante. CC OO y UGT están firmemente decididos a presentar las solicitudes.

• Construcción: Aquí el desacuerdo es notable. La patronal CNC rechaza asumir el coste, mientras los sindicatos denuncian la precariedad y peligrosidad del sector para los trabajadores mayores. Desde CC OO se insiste: “Es inaceptable ver a personas de 65 años en un andamio”.

• Atención a la dependencia: Residencias, ayuda a domicilio y transporte sanitario también se suman a la petición. Sindicatos señalan altos niveles de sobrecarga física, estrés y bajas médicas. Algunas patronales, como la Federación Empresarial de la Dependencia, dan su apoyo, siempre que el coste no recaiga sobre las empresas.

• Hostelería: Las camareras de piso son otro colectivo en el foco. Altamente feminizado y físicamente exigente, este grupo busca justicia frente a los coeficientes ya concedidos a sectores masculinizados.

• Sector aéreo: Azafatas, mozos de equipaje y personal de tierra también reclamarán su inclusión. Denuncian desigualdad respecto a los pilotos y altos niveles de desgaste psicofísico.

• Policías y bomberos forestales: Aunque algunos cuerpos locales y autonómicos ya gozan de coeficientes, la Policía Nacional y la Guardia Civil aún no. Las reclamaciones parlamentarias y sindicales aumentan.

Reacciones sindicales y empresariales

Desde los sindicatos, se aplaude la introducción de criterios objetivos y la creación de una comisión tripartita para evaluar las solicitudes. CC OO y UGT destacan que esta es una oportunidad para proteger a los trabajadores más vulnerables, y subrayan que la clave no está en cuántas solicitudes se presentan, sino en cuántas personas realmente necesitan adelantar su jubilación.

En cambio, algunas patronales muestran preocupación por el coste extra que implican estas sobrecotizaciones. Aunque el reglamento estipula que el impacto debe ser neutro —es decir, que el aumento en cotizaciones compense el gasto anticipado de pensiones—, varios representantes empresariales consideran que este sistema no es sostenible para sus sectores.

¿Qué pasará ahora?

Una vez aprobado el reglamento, los sectores podrán iniciar formalmente el proceso de solicitud. Las solicitudes conjuntas entre sindicatos y empresas serán la vía preferente, aunque los trabajadores también podrán solicitarlos de forma unilateral si se cumplen ciertos criterios, como altos índices de incapacidad temporal o peligrosidad.

El ministerio dispondrá de hasta cuatro meses para formar la comisión evaluadora y otros seis meses para analizar cada caso. Esto significa que, si el reglamento se aprueba en abril, las primeras resoluciones podrían llegar a principios de 2026.

La implementación de este nuevo sistema de coeficientes reductores representa un avance en justicia laboral para muchos trabajadores que desempeñan su labor en condiciones extremadamente exigentes. Sin embargo, también pone a prueba el equilibrio económico de las pensiones y las capacidades financieras de las empresas.

Entre los sectores, hay una mezcla de esperanza y preocupación. Mientras unos celebran que al fin se escuche su reclamo histórico, otros temen los costes que podría acarrear. Lo que está claro es que, una vez publicado el reglamento, la Seguridad Social tendrá por delante un aluvión de solicitudes que podrían reconfigurar el mapa de la jubilación anticipada en España.