26 May El nuevo modelo de residencias del Gobierno pone en riesgo la atención a las personas mayores
Las patronales AESTE, ASADE, CEAPS y FED (a la que pertenece PAD) solicitaron la realización de una memoria económica que justificara y diese sentido a este cambio radical en el sistema de cuidados de las personas mayores.
El sector de la Dependencia considera inaceptable la propuesta del modelo de ‘Acuerdo de acreditación y calidad de los centros y servicios del sistema para la autonomía y atención a la dependencia (SAAD)’ que durante meses ha estado negociando el Gobierno de España en el marco del Diálogo Social.
Las organizaciones están apostando por mejorar la calidad en el servicio y las condiciones laborales de sus profesionales, compatibilizándola con la sostenibilidad del sistema de Dependencia y la nueva normativa que, entre otros, obliga a cambiar el modelo actual a todos los centros existentes, y a reducir de manera significativa las más de 5.200 residencias que actualmente en toda España.
La propuesta contempla una serie de medidas entre las que destacan la limitación a 75, 90 o 120 plazas dependiendo de la ubicación del centro, y un plazo de reconversión de los centros ya acreditados y los centros en construcción/promoción hasta el 31 de diciembre de 2029.
“Se echa en falta la posibilidad de elección de centro independientemente de si su titularidad es pública o privada, a pesar de que se apuesta por el modelo de Atención centrado en la Persona”, explican desde el sector.
Los profesionales comentan que “este modelo es inviable y que desde las empresas que trabajamos por y para las personas no entendemos que se hable de cambio de modelo sin que se realice primero una restructuración de la financiación”. Esto supondría una merma significativa de oferta de plazas que YA ESTÁ EN UN PUNTO CRÍTICO SIN PODER ATENDER LA LISTA DE ESPERA y consecuentemente de empleos en las residencias”.
A esto añaden que “Consideramos que el principal perjudicado del modelo propuesto serían los propios usuarios y sus familias que se encontrarían sin la oferta necesaria, tanto en cantidad como en calidad, para recibir la atención que requieren y a unos precios en torno a un 50% superiores a los actuales”.
“EL DINERO NO SE PIDE PARA LAS EMPRESAS, SINO PARA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE DEPENDENCIA EN ESPAÑA”, recuerdan y mantienen que se está haciendo una discriminación entre las personas que reciben los servicios de manera pública y los que lo hacen de manera público-privada, y mucho más de aquellos que están en el limbo.
Además, explican que no es inviable hablar de cambio arquitectónico en los centros que ya están en funcionamiento o construcción. “Es inviable”, defienden y por ello piden que no se hable de “retroactividad”.
El borrador presentado resulta confuso a la hora de establecer la necesidad de la adecuación de los centros ya existentes, de los que tengan licencias o autorizaciones previas a la autorización de la Norma o incluso de aquellos que por su configuración arquitectónica no puedan adaptarse habiendo nacido y regulado su actividad al amparo de normas legales existentes en su momento.
No cabe duda de que debe establecerse con claridad el periodo transitorio, el momento en el cual están vigentes las nuevas normas en relación con los procesos vivos de gestión de nuevos centros ya sea en sus fases de autorización y licencias o construcción, y, sobre todo, para aquellos centros ya existentes y que por su configuración arquitectónica no puedan adaptarse o exijan unas inversiones desproporcionadas para ello.
Además, las patronales alertan sobre los efectos que ya está provocando la propuesta, “actualmente hay en promoción y construcción más de 38.500 camas en España y la simple posibilidad de que esta propuesta salga adelante, ya ha creado una inseguridad jurídica en el sector que está ralentizando su crecimiento. En un país envejecido como el nuestro y con la llegada de los baby boomers los esfuerzos del sector deberían centrarse en desarrollar una red de centros y servicios que sea sostenible y asumible para el bolsillo de los dependientes y sus familias”.
Según estimaciones de las patronales se cerrarían alrededor de 72.500 plazas residenciales, lo que supone el 25% de las plazas privadas del sector.
Desde la Aeste, Asade, Ceaps y Fed se apuesta por un modelo pactado, basado en la colaboración público-privada, que permita ofrecer nuevos servicios y nuevos centros con una mejora clara de la calidad, pero a precios sostenibles.